La ofensiva del Gobierno cubano contra la masonería nacional ha cruzado una línea peligrosa, chocando de frente contra una institución centenaria que se niega a ser domesticada. Lo que comenzó como un asedio administrativo desde los despachos ministeriales y escaló hacia una persecución judicial fabricada por la Seguridad del Estado, hoy se traduce en una gira de intimidación provincia por provincia. Sin embargo, el aparato oficialista parece haber olvidado una verdad elemental: la fraternidad masónica no responde a las órdenes de ningún partido político, sino a su propia conciencia y a sus estatutos.
Hay una gran diferencia entre la tranquilidad institucional y el cinismo burocrático de quienes juegan con los derechos ajenos desde un escritorio. El Ministerio de Justicia (MINJUS) observa con cómoda pasividad la parálisis que él mismo ha provocado en el Supremo Consejo del Grado 33. Tras las legítimas elecciones celebradas el pasado 26 de septiembre —en las que el escritor Ángel Lázaro Santiesteban Prats resultó electo como nuevo Soberano Gran Comendador—, toda la documentación se entregó en tiempo y forma el día 30, cumpliendo rigurosamente con la ley. No obstante, la respuesta estatal ha sido un bloqueo administrativo calculado, silencioso y malintencionado.
¿A qué responde esta calma sospechosa del MINJUS? A una estrategia deliberada para congelar las cuentas bancarias, asfixiar las operaciones cotidianas de la Orden y aguardar el desenlace de procesos judiciales amañados contra figuras como el propio Santiesteban Prats y su antecesor, José Ramón Viñas Alonso. El objetivo es transparente: desgastar a la membresía, doblegar la autonomía de la institución por cansancio y utilizar el control registral como un garrote político. Es indignante constatar cómo la legalidad solo se invoca para hostigar a quienes defienden sus principios, mientras el aparato estatal incurre en un incumplimiento flagrante y cómplice de sus propias normas.
El trasfondo de las condenas dictadas este mes contra cuatro miembros de la Orden —bajo el pretexto de un supuesto tráfico ilegal de divisas por apenas 300 dólares destinados a comprar leche y medicamentos para los ancianos del Asilo Nacional Masónico— no engaña a nadie. Cuando la policía política instruye un expediente por un presunto delito económico menor y los tribunales limitan el acceso público a las salas, queda claro que el verdadero «delito» juzgado es la independencia de criterio.
Al fracasar en su intento de imponer directivos afines y de fracturar la cúpula de la Orden en La Habana, el poder ha desplegado a funcionarias como Caridad Diego, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Partido Comunista, y Miriam García, directora de Asociaciones del MINJUS, para presionar a las logias provinciales mediante citaciones en sedes partidistas.
La reciente jornada en Pinar del Río constituye una lección histórica de civilidad y firmeza. Lejos de intimidarse, los masones pinareños desenmascararon la maniobra oficial. Exigirle a una institución fraternal que valide juicios de evidente corte político, o pretender subordinarla a la defensa de un proyecto ideológico estatal, no solo viola su autonomía, sino que representa un agravio directo a la inteligencia y a la historia misma de la República.
La masonería cubana, forjadora de los cimientos éticos de la nación desde las guerras de independencia, atraviesa hoy una prueba de fuego. Cada citación en una sede del Partido —como ocurre ahora en Artemisa y el resto del país— y cada silencio administrativo no hacen más que cohesionar a los hermanos en torno a sus líderes legítimos. La verdad y la dignidad no se bloquean con sellos ni con maniobras de despacho. La respuesta que retumba desde el occidente hasta el oriente de la isla es inequívoca: la masonería es una sola, su soberanía es innegociable y sus hombres no se rinden ante el miedo.










